El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social abrió una mesa de diálogo con representantes de trabajadores, empleadores e instituciones públicas para discutir cambios en la política salarial. Entre los puntos principales aparece la propuesta de reducir del 50% al 35% la porción del sueldo que puede ser retenida por deudas mediante una disposición judicial.
Un menor descuento sobre el ingreso mensual
La normativa vigente permite que una persona pierda hasta la mitad de su salario cuando pesa sobre ella una medida de embargo.
El planteamiento oficial busca establecer un techo inferior para que el trabajador conserve una proporción mayor de sus ingresos después de cumplir con los descuentos correspondientes.
La modificación todavía debe pasar por el proceso de análisis y consenso dentro del Consejo Consultivo Tripartito ampliado. La intención del Poder Ejecutivo es convertir las conclusiones de estas reuniones en un proyecto de ley y remitirlo al Congreso antes de que finalice el periodo parlamentario de 2026.
También cambiaría el cálculo de multas y tasas
La mesa abordará además la separación entre el salario mínimo y los valores utilizados para determinar impuestos, contribuciones, aranceles, multas y otros pagos públicos. Actualmente, varios de estos montos se calculan tomando como referencia una cantidad determinada de jornales mínimos.
Con el esquema propuesto, estos conceptos pasarían a calcularse mediante una nueva unidad de referencia de precios. De esta manera, un reajuste del sueldo mínimo ya no provocaría automáticamente un aumento de las obligaciones que hoy están vinculadas al jornal.
La administración de los valores tributarios podría quedar bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, mientras que otras tasas y sanciones podrían ser coordinadas por distintas instituciones económicas del Estado.
La discusión se concentrará en la política salarial
El debate no incluirá una revisión completa del Código Laboral. Los encuentros estarán enfocados en el mecanismo de ajuste del salario mínimo, la creación de la nueva unidad de cálculo y la reducción del porcentaje que puede ser embargado.
