Las organizaciones Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también soberanía/PPP sostienen que la tarifa eléctrica aplicada a empresas de criptominería y actividades similares genera una diferencia estimada en USD 322 millones por año. El cálculo fue presentado mediante un comunicado en el que también cuestionaron la falta de tratamiento legislativo de una propuesta para ampliar la tarifa social.
El monto señalado surge de comparar el precio que actualmente se cobra al sector con el valor técnico que, de acuerdo con los colectivos, debería cubrir la generación, la transmisión y otros componentes del suministro eléctrico.
La diferencia señalada llega a USD 41,2 por MWh
Las organizaciones indican que la tarifa técnica para estas actividades debería ubicarse en USD 85,5 por megavatio-hora, mientras que el cobro aplicado sería de USD 44,3 por MWh.
La distancia entre ambos valores alcanza USD 41,2 por MWh. Para estimar el impacto anual, los colectivos tomaron una potencia contratada de 943,8 MW y un periodo de utilización de 8.280 horas al año, con lo que llegaron a la cifra de USD 322 millones.
El precio se encuentra por debajo del valor de exportación a Brasil
El comunicado compara además la tarifa aplicada a las criptomineras con el ingreso obtenido por la energía enviada a Brasil. El precio mencionado para esas exportaciones es de USD 50 por MWh, compuesto por una tarifa garantizada de USD 37,4 por MWh y una compensación de USD 12,6 por MWh.
Los colectivos afirman que el importe cobrado a las empresas del sector no alcanzaría para cubrir completamente el costo de producción, las pérdidas, los gastos de transmisión y el margen establecido en la normativa de la Administración Nacional de Electricidad.
La tarifa social también forma parte del reclamo
Las organizaciones vincularon su cuestionamiento con una iniciativa popular que plantea ampliar el alcance de la tarifa social de energía eléctrica. La propuesta fue entregada al Congreso el 2 de abril de 2025 con más de 48.000 firmas, pero todavía no registró avances para su aprobación.
El planteamiento beneficiaría a unos 350.000 usuarios que tendrían dificultades para cubrir sus facturas eléctricas, de acuerdo con los datos de la ANDE citados por los colectivos. La iniciativa continúa pendiente de tratamiento legislativo.
Las cifras corresponden al cálculo de los colectivos
La estimación de USD 322 millones fue elaborada por las organizaciones firmantes del comunicado y presentada como una diferencia entre la tarifa técnica propuesta y el precio aplicado al sector. La información publicada no incluye una respuesta institucional de la ANDE ni de las empresas señaladas.
