La decisión de no modificar la normativa sobre penas máximas a menores en El Salvador se mantiene vigente, según información publicada por Bloomberg Línea. La medida se da luego de que un organismo internacional solicitara revisar la legislación vinculada a condenas aplicadas a adolescentes.
El planteamiento externo apuntaba a analizar el alcance de las disposiciones que permiten sanciones de larga duración para menores de edad dentro del sistema penal salvadoreño.
Solicitud de revisión y cuestionamientos legales
Desde instancias vinculadas a derechos humanos se indicó que la normativa vigente podría entrar en conflicto con estándares internacionales.
El cuestionamiento se centra en que las disposiciones aprobadas establecen que menores condenados a cadena perpetua tendrían revisiones únicamente tras largos periodos de reclusión.
Además, se advirtió que este tipo de sanciones podría tener efectos prolongados sobre el desarrollo y las condiciones de reintegración social de los adolescentes involucrados.
Posición del Gobierno y contexto de seguridad
El Ejecutivo salvadoreño descartó avanzar con cambios en la legislación, argumentando que la medida forma parte de su estrategia de seguridad.
Las autoridades sostienen que el uso de sanciones más severas responde a la participación de menores en hechos vinculados a estructuras criminales.
En ese marco, también se mencionó que algunos centros de detención registran situaciones de violencia entre internos, lo que forma parte de los argumentos expuestos para mantener el esquema actual.
Marco legal y alcance de la medida
La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, habilitando la aplicación de penas de cadena perpetua en casos específicos.
La disposición contempla su uso en delitos como homicidio, violación y terrorismo, de acuerdo con el texto aprobado.
