Constructoras reclaman al Estado que pague sus deudas y advierten que las obras públicas podrían quedar sin fondos en 2027
La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) lanzaron una advertencia sobre la situación financiera del sector y solicitaron al Gobierno que garantice recursos para continuar las obras públicas y cumplir con las deudas pendientes con las empresas constructoras.
A través de un comunicado conjunto, los gremios cuestionaron los desequilibrios del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y alertaron sobre el riesgo de que proyectos de infraestructura vuelvan a quedar relegados por falta de financiamiento.
Las constructoras advierten que el Estado mantiene pagos atrasados
Capaco y Cavialpa señalaron que el sector todavía enfrenta las consecuencias de los atrasos acumulados en los pagos del Estado.
Los gremios sostienen que las empresas cumplieron con sus contratos y ejecutaron los trabajos encomendados, pero no recibieron oportunamente todos los recursos correspondientes.
Esta situación afecta directamente la disponibilidad de dinero de las constructoras para sostener sus operaciones, además de generar dificultades para cumplir con sus propios compromisos.
El problema también alcanza a trabajadores, proveedores y subcontratistas, que dependen del funcionamiento de los proyectos de infraestructura.
Piden corregir el Presupuesto 2027 antes de que falte dinero para las obras
Las organizaciones consideran que la revisión del proyecto presupuestario representa una oportunidad para corregir la distribución de recursos destinados al sector.
Entre sus principales pedidos se encuentran incorporar proyectos prioritarios que quedaron fuera de la planificación, asegurar financiamiento para las obras comprometidas y establecer una programación clara de desembolsos.
El objetivo es que las empresas puedan conocer con anticipación los recursos disponibles y organizar sus trabajos durante todo el ejercicio fiscal.
Los gremios temen que vuelvan a acumularse obligaciones sin respaldo presupuestario suficiente, provocando nuevos retrasos en los pagos.
Cuestionan el desorden en el manejo del dinero público
Uno de los puntos más fuertes del comunicado está relacionado con la administración de los recursos del Estado.
Capaco y Cavialpa sostienen que las constructoras no deben terminar pagando las consecuencias de la falta de planificación y del uso ineficiente del dinero público.
También rechazaron que el sector deba asumir los efectos económicos de decisiones relacionadas con fondos estatales que actualmente están bajo investigaciones y procesos penales.
El comunicado no identifica casos específicos ni atribuye responsabilidades penales a personas determinadas, pero expresa preocupación por las consecuencias que estas situaciones pueden tener sobre los compromisos financieros del Estado.
Advierten sobre obras postergadas y problemas para mantener los empleos
Las cámaras empresariales señalaron que la falta de previsibilidad presupuestaria puede afectar tanto la continuidad de los proyectos actuales como la ejecución de nuevas inversiones.
El sector de la construcción moviliza recursos económicos y genera actividad para numerosas empresas vinculadas con materiales, transporte, servicios y mano de obra.
Por ese motivo, los gremios consideran fundamental evitar que la falta de recursos termine retrasando obras necesarias y comprometiendo la actividad laboral.
También pidieron que las obligaciones asumidas por el Estado sean incorporadas a una planificación financiera que permita cumplir los pagos dentro de los plazos correspondientes.
Capaco y Cavialpa esperan cambios durante la revisión del presupuesto
Las organizaciones reafirmaron su disposición a trabajar con las autoridades para mejorar las condiciones de financiamiento del sector.
Su principal planteamiento es que el PGN 2027 contemple recursos suficientes para las obras prioritarias y las deudas vigentes, con un calendario de pagos que permita a las empresas planificar sus operaciones.
Asimismo, reclamaron que las decisiones presupuestarias no trasladen nuevamente a las constructoras las consecuencias de obligaciones estatales sin financiamiento.
El comunicado no precisa el monto total actualizado de las deudas pendientes, pero insiste en que el cumplimiento de los compromisos y la continuidad de las obras deben ser considerados prioridades durante el tratamiento del presupuesto.
