Senadores amplían denuncia contra esposa, hijo y otros familiares de Santiago Peña por el caso Ueno Bank
Los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, del Partido Cruzada Nacional, solicitaron este martes 10 de noviembre al Ministerio Público ampliar la investigación penal del caso Ueno Bank para incluir a Leticia Ocampos, esposa del expresidente Santiago Peña, su hijo, sus padres, hermanos y otros integrantes de su entorno familiar.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Delitos Económicos, dentro de la causa N.º 92/2026, por la presunta comisión del hecho punible de frustración de la persecución penal y otros delitos conexos.
El pedido surge después de conocerse que familiares del exmandatario promovieron una acción judicial para restringir la entrega de documentos sobre sus relaciones empresariales.
La denuncia alcanza a 13 integrantes del entorno de Peña
Los legisladores solicitaron incorporar a la investigación a familiares directos y políticos del expresidente.
Entre las personas mencionadas figuran Leticia Ocampos, ex primera dama; Gonzalo Peña Ocampos, hijo del exmandatario; y Serenella Argaña Scavone, su nuera.
La solicitud también incluye a los padres de Peña, Ana Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto, además de sus hermanos Manuel y Francisco Peña Palacios.
Por parte de la familia Ocampos aparecen Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate y Adriana Ocampos Villate.
Completan la nómina Claudia Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch.
En total, 13 personas fueron incluidas en el pedido de ampliación de la denuncia penal.
Familiares habían recurrido a la Justicia para restringir documentos del MEF
Uno de los principales fundamentos de la nueva presentación es un amparo constitucional promovido por familiares de Santiago Peña en 2025.
En noviembre de ese año, el juez Diego Alejandro Torres hizo lugar a la acción, que buscaba impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregara determinados documentos reservados relacionados con las personas involucradas.
Los antecedentes de ese procedimiento adquirieron relevancia en la investigación sobre Ueno Bank, debido a que los legisladores consideran necesario conocer las relaciones comerciales y patrimoniales del entorno del expresidente.
Sin embargo, la presentación de un amparo es un mecanismo judicial previsto por la ley y no constituye por sí sola un hecho punible.
Piden revisar correos y documentos y restringir movimientos de dinero
Además de incorporar a los familiares a la investigación, los senadores solicitaron que el Ministerio Público adopte medidas destinadas a preservar información y bienes.
Entre los pedidos presentados figuran:
- Registrar correos electrónicos que puedan contener información relacionada con las operaciones investigadas.
- Preservar documentación relevante para la causa penal.
- Solicitar restricciones de salida del país para las personas mencionadas.
- Impedir movimientos financieros, mediante las medidas legales correspondientes.
Estas solicitudes deberán ser evaluadas por las autoridades competentes y no representan medidas judiciales ya concedidas.
Buscan conocer los vínculos empresariales de la familia Peña
Los parlamentarios fundamentaron su presentación en las relaciones que el expresidente mantuvo con el grupo económico al que pertenecía Ueno Bank.
Peña integró la estructura accionaria del conglomerado empresarial hasta marzo de 2025, según los antecedentes mencionados por los legisladores.
Para los denunciantes, resulta necesario determinar qué vínculos societarios y patrimoniales mantenían los familiares del exmandatario durante el periodo en que se realizaron las operaciones financieras actualmente investigadas.
La solicitud también menciona la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, uno de los principales asuntos examinados dentro de la causa.
La Fiscalía deberá decidir si amplía la investigación
Los senadores sostienen que las diligencias no deberían limitarse a antiguos administradores del banco ni a funcionarios de las instituciones públicas que colocaron dinero en la entidad.
Por ese motivo, solicitaron revisar también las posibles relaciones empresariales de personas pertenecientes al entorno familiar del expresidente.
La ampliación de la denuncia no equivale a una imputación formal ni establece responsabilidad penal de las personas señaladas.
Corresponderá al Ministerio Público analizar los antecedentes y determinar si existen elementos suficientes para realizar nuevas diligencias o solicitar medidas cautelares ante la Justicia.
