Santiago Peña enfrenta cinco acusaciones por Ueno Bank y Diputados analiza su posible destitución
La Cámara de Diputados analiza este jueves 5 de noviembre un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, basado en cinco acusaciones vinculadas con la crisis financiera de Ueno Bank. El documento presentado por legisladores opositores y disidentes cuestiona posibles conflictos de intereses, el manejo de fondos jubilatorios, operaciones crediticias y la actuación de organismos estatales encargados de supervisar el sistema financiero.
La iniciativa se tramita conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional y busca determinar si existió mal desempeño de funciones por parte del mandatario. Los cuestionamientos forman parte de una acusación política y todavía deben ser evaluados por el Congreso.
1. Acciones millonarias y posibles conflictos de intereses
El primer capítulo examina los vínculos patrimoniales que Santiago Peña mantenía con empresas relacionadas con Ueno Bank cuando asumió la Presidencia.
Los diputados señalan que el mandatario declaró ante la Contraloría General de la República acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA.
La acusación también cuestiona modificaciones legales relacionadas con conflictos de intereses y la designación de antiguos directivos de empresas privadas en instituciones públicas responsables de la supervisión financiera.
Los legisladores consideran necesario determinar si estas decisiones pudieron favorecer intereses empresariales vinculados con el mandatario.
2. El dinero de los jubilados del IPS
El segundo cuestionamiento está relacionado con las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank.
El documento acusatorio sostiene que las colocaciones de recursos jubilatorios aumentaron considerablemente desde septiembre de 2023.
Entre las cifras mencionadas aparecen G. 80 millones en noviembre de 2023 y G. 346.500 millones en marzo de 2024.
Los legisladores también señalan un incremento acumulado del 3.035% durante un periodo de 20 meses.
La acusación plantea que deben investigarse las decisiones que permitieron incrementar la exposición de los fondos previsionales a una institución relacionada con el entorno empresarial del jefe de Estado.
3. Préstamos por G. 743.784 millones a empresas vinculadas
El tercer capítulo aborda las operaciones crediticias realizadas entre Ueno Bank y sociedades relacionadas con su grupo empresarial.
Los diputados sostienen que informes técnicos identificaron créditos por G. 743.784 millones, equivalentes aproximadamente a USD 123 millones, concedidos a tres empresas vinculadas.
Según el documento, estas operaciones representaban alrededor del 30% del patrimonio efectivo del banco, frente a un límite prudencial del 20%.
La acusación también cuestiona la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP), al sostener que sus mecanismos de supervisión no habrían impedido las operaciones observadas.
Los parlamentarios buscan determinar si Peña incurrió en una omisión de sus atribuciones constitucionales frente a las irregularidades denunciadas.
4. Cuestionamientos sobre el patrimonio presidencial
Otro de los argumentos del juicio político se concentra en la evolución patrimonial de Santiago Peña y sus relaciones financieras con Ueno Holding e Itti.
El documento plantea presuntos beneficios patrimoniales indebidos y cuestiona si el mandatario pudo haber utilizado su posición pública para obtener ventajas económicas.
Los acusadores consideran que corresponde al Congreso evaluar la compatibilidad de las operaciones patrimoniales señaladas con las responsabilidades de la Presidencia de la República.
Estas afirmaciones constituyen alegaciones de los legisladores y no representan una comprobación judicial de enriquecimiento ilícito.
5. Pérdida de confianza en el sistema bancario
La última acusación está relacionada con las consecuencias institucionales y económicas de la crisis de Ueno Bank.
Los diputados sostienen que los hechos denunciados podrían formar parte de un esquema de favorecimiento empresarial y debilitamiento de los controles públicos.
También cuestionan el impacto que la resolución bancaria tuvo sobre la confianza de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero.
Para los firmantes, esta situación podría constituir una causal de mal desempeño de funciones, argumento que deberá ser sometido al procedimiento constitucional correspondiente.
Diputados debe decidir si la acusación avanza al Senado
El pedido fue presentado por legisladores de distintas bancadas y su tratamiento fue convocado para este jueves a las 10:00.
La Constitución establece que la Cámara de Diputados necesita el voto favorable de dos tercios de los presentes para formular la acusación.
Si obtiene esa mayoría, el proceso pasará a la Cámara de Senadores, que tendrá a su cargo el juzgamiento político.
Una eventual destitución presidencial requerirá 30 votos de los 45 senadores.
Por el momento, los cinco capítulos constituyen los fundamentos de la solicitud de juicio político, mientras el Congreso debe resolver si corresponde avanzar con el procedimiento contra Santiago Peña.
