Congreso recorta USD 28,7 millones destinados a pagar deudas del Estado para financiar aumentos salariales y otros gastos en 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional aprobó un dictamen que propone quitar G. 185.745,7 millones, equivalentes a USD 28,7 millones, de los recursos que el Gobierno había previsto utilizar para pagar deudas pendientes a empresas proveedoras del Estado.
El dinero será redistribuido para financiar aumentos salariales de funcionarios del Ministerio de Salud, indemnizaciones, programas sociales y otras asignaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
La modificación se produce mientras el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que las deudas con proveedores seguirán siendo un problema durante el próximo año y que algunos compromisos del sector sanitario podrían extenderse incluso hasta 2028.
Recortan G. 185.745 millones del dinero destinado a pagar deudas
La Comisión Bicameral introdujo una nueva adenda al proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo.
La modificación consiste en reducir los recursos previstos para cancelar obligaciones con proveedores y utilizar ese dinero en otros compromisos del Estado.
El recorte alcanza G. 185.745,7 millones, equivalentes a aproximadamente USD 28,7 millones, tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.458 por dólar.
El presupuesto global propuesto para 2027 se mantiene en G. 166,3 billones, ya que la modificación consiste en redistribuir partidas, no en aumentar el monto total del plan de gastos.
La reasignación todavía debe superar el tratamiento legislativo del presupuesto antes de convertirse en una decisión definitiva.
Casi 29.000 trabajadores de Salud recibirían G. 500.000 adicionales
Una de las principales modificaciones apunta al Ministerio de Salud Pública.
La Bicameral propuso destinar G. 93.245,7 millones a financiar un aumento salarial de G. 500.000 mensuales para 28.691 funcionarios.
Entre los beneficiarios previstos figuran bioquímicos, odontólogos y trabajadores sociales, además de otros profesionales alcanzados por la propuesta.
El reajuste comenzaría a aplicarse desde julio de 2027, siempre que sea aprobado en la versión definitiva del presupuesto.
La presidenta de la Bicameral, Cristina Villalba, presentó la medida como un reconocimiento a los profesionales del sistema sanitario.
Sin embargo, los recursos se obtendrían mediante la reducción de una partida originalmente destinada a cancelar deudas con proveedores.
Parte del dinero también irá a indemnizaciones y programas sociales
El dictamen contempla otras reasignaciones para diferentes instituciones.
Entre las partidas identificadas se encuentran:
| Destino | Monto propuesto |
|---|---|
| Aumentos salariales en Salud | G. 93.245,7 millones |
| Programa Equipate del Ministerio de Trabajo | G. 15.000 millones |
| Indemnización a exobreros de Acepar | G. 12.000 millones |
| Seis unidades de Defensoría Pública | G. 4.000 millones |
| Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) | G. 5.000 millones |
| Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) | G. 2.500 millones |
| Educación escolar indígena | G. 5.000 millones |
| Reparación de residencias universitarias | G. 2.000 millones |
También se contemplan más de G. 30.000 millones para universidades públicas, incluidos recursos relacionados con el Hospital de Clínicas.
Las partidas forman parte de una reasignación presupuestaria y no representan desembolsos que ya hayan sido ejecutados.
TSJE recibirá G. 3.000 millones y otros G. 10.000 millones no tienen destino detallado
Entre los cambios también aparecen asignaciones cuyo destino específico no fue explicado en el documento difundido.
Se incluyen G. 3.000 millones adicionales para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), sin que se hayan detallado los motivos concretos de ese aumento.
Además, figuran G. 10.000 millones identificados como otros pedidos, sin una explicación específica de las instituciones o gastos que recibirán esos recursos.
La falta de desglose impide conocer con precisión cómo se utilizarían esas partidas.
Estos montos forman parte del mismo paquete de redistribución de G. 185.745,7 millones y no deben sumarse como gastos adicionales al total del recorte.
Las empresas proveedoras podrían seguir esperando hasta 2028
El recorte genera preocupación por la situación de las obligaciones pendientes del Estado.
Durante su última participación ante la Comisión Bicameral, el ministro de Economía, Óscar Lovera, reconoció que el Gobierno continuará teniendo deudas pendientes durante 2027.
El ministro explicó que, en el caso de las empresas constructoras que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, seguirán existiendo obligaciones que no podrán cancelarse antes del cierre del ejercicio fiscal.
Sin embargo, estimó que el saldo pendiente será inferior al registrado al finalizar 2025.
La situación de las proveedoras farmacéuticas es más compleja.
Si el Congreso mantiene el recorte propuesto, parte de las deudas con el sector sanitario podría seguir pendiente incluso hasta 2028.
Esta posibilidad todavía depende de la aprobación definitiva del presupuesto y de la capacidad de pago del Estado.
El presupuesto de 2027 todavía debe pasar por Diputados y Senado
La Comisión Bicameral ya emitió su dictamen, pero el Presupuesto General de la Nación 2027 todavía no está aprobado definitivamente.
El documento continuará su tratamiento en ambas cámaras del Congreso.
La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar el proyecto en particular el lunes 9 de noviembre, desde las 14:00.
Durante este proceso podrían mantenerse o modificarse las reasignaciones propuestas.
La decisión final determinará cuánto dinero quedará disponible para pagar obligaciones anteriores y cuánto se destinará a los nuevos gastos.
El Gobierno tendrá menos recursos para pagar deudas si se aprueba el recorte
El cambio presupuestario plantea una decisión sobre cómo distribuir los recursos públicos en 2027.
Por un lado, la propuesta busca financiar aumentos salariales y atender necesidades de distintas instituciones. Por otro, reduce en USD 28,7 millones la partida prevista para cancelar compromisos ya asumidos con proveedores.
El Ministerio de Economía reconoce que no será posible eliminar todas las deudas durante el próximo ejercicio fiscal.
El resultado final dependerá del tratamiento del presupuesto en el Congreso, mientras las empresas proveedoras de Salud y Obras Públicas continúan pendientes de los pagos del Estado.
