Zenaida Delgado es denunciada por presuntos cobros de hasta G. 100 millones para conseguir cargos en el Senado
Tres trabajadoras del Congreso Nacional acusaron a la senadora Zenaida Delgado de encabezar un presunto sistema de recaudación de dinero a cambio de contratos laborales y puestos permanentes en la Cámara Alta. Las denunciantes aseguran que debían entregar bonificaciones mensuales de sus salarios y pagar entre G. 20 millones y G. 100 millones para acceder a nombramientos.
Las acusaciones fueron recogidas por el equipo de investigación de Radio Monumental 1080 AM, mediante entrevistas con tres funcionarias que describieron supuestas exigencias económicas, préstamos gestionados para realizar los pagos y desvinculaciones laborales de personas que no cumplían con los montos solicitados.
Denuncian pagos mensuales para conservar puestos de trabajo
De acuerdo con los testimonios, el supuesto mecanismo comenzaba con la contratación de trabajadores que recibían remuneraciones adicionales por determinados cargos dentro del despacho parlamentario.
Las entrevistadas sostienen que esos complementos salariales debían ser transferidos a la legisladora como una contraprestación por haber facilitado el ingreso al Congreso.
Los montos mencionados oscilan entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000 mensuales, dependiendo del puesto y de las condiciones salariales de cada funcionario.
Una de las denunciantes aseguró que los pedidos de dinero también se realizaban mediante mensajes y a través de intermediarios encargados de comunicar las exigencias, reunir efectivo o gestionar transferencias bancarias.
Según las declaraciones, el supuesto sistema podría haber involucrado a entre 15 y 20 trabajadores del Congreso Nacional.
Hasta G. 100 millones por conseguir un nombramiento permanente
Las acusaciones describen una segunda etapa relacionada con la posibilidad de obtener estabilidad laboral dentro de la institución.
Cuando los trabajadores reunían las condiciones para pasar de contratados a funcionarios nombrados, supuestamente se les exigían pagos de G. 20 millones, G. 50 millones y hasta G. 100 millones.
Una de las entrevistadas relató que inicialmente le solicitaron G. 50 millones y que posteriormente recibió un nuevo requerimiento por otros G. 100 millones, lo que elevaría la suma reclamada a G. 150 millones.
Las funcionarias sostienen que el dinero no garantizaba la permanencia definitiva en la institución, debido a que la estabilidad laboral se adquiere después de dos años bajo las condiciones previstas en la normativa correspondiente.
De acuerdo con la denuncia, algunas personas habrían sido desvinculadas antes de completar ese periodo, pese a haber realizado pagos por sus nombramientos.
Préstamos millonarios para pagar los puestos públicos
Otro aspecto de los testimonios se relaciona con la obtención de créditos para reunir las sumas presuntamente reclamadas.
Las denunciantes afirman que la propia legisladora habría intervenido en gestiones de financiamiento para permitir que los trabajadores consiguieran el dinero necesario.
Una funcionaria aseguró que entregó G. 50 millones en efectivo dentro de un sobre, durante un encuentro realizado en la camioneta de la parlamentaria en la sede del Congreso.
También relató que la legisladora habría firmado como codeudora de un préstamo relacionado con el pago.
La trabajadora explicó que actualmente enfrenta cuotas cercanas a G. 5 millones mensuales, correspondientes a obligaciones financieras asumidas durante ese proceso.
Según su declaración, recibió una notificación de desvinculación el 1 de octubre de 2026, después de que se solicitara su salida durante septiembre, por lo que quedó sin empleo y con la deuda pendiente.
Señalan posibles vínculos con otras dependencias del Congreso
Las entrevistadas también mencionaron presuntas intervenciones de distintas áreas administrativas del Poder Legislativo para concretar contrataciones, incrementos salariales y operaciones crediticias.
De acuerdo con sus versiones, la estructura habría utilizado información sobre vacancias disponibles, resoluciones de nombramiento y autorizaciones de aumentos salariales.
Asimismo, las denunciantes hicieron referencia al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional, cuya participación habría estado vinculada con la tramitación de préstamos utilizados para realizar los pagos reclamados.
Las trabajadoras expresaron sospechas sobre posibles autorizaciones provenientes de la conducción legislativa y la dependencia encargada de recursos humanos.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios difundidos y no constituyen por sí mismas una comprobación judicial de la participación de las dependencias mencionadas.
Mensajes y transferencias forman parte de los elementos denunciados
Entre los materiales presentados figuran comunicaciones atribuidas a la legisladora en las que supuestamente solicitaba dinero a trabajadores de su despacho.
Los testimonios mencionan pedidos adicionales de G. 200.000, además de las sumas mensuales relacionadas con bonificaciones salariales.
Una de las denunciantes describió la existencia de intermediarios que habrían facilitado las operaciones y el contacto entre la parlamentaria y sus funcionarios.
También se mencionó a una exfuncionaria vinculada con anteriores investigaciones por supuestas irregularidades relacionadas con el acceso a empleos públicos.
Las acusaciones involucran contratos, salarios y deudas de funcionarios
Las declaraciones difundidas este 26 de octubre de 2026 describen un presunto circuito de dinero que habría comenzado con pagos periódicos extraídos de las remuneraciones y continuado con exigencias económicas para obtener nombramientos.
Las denunciantes aseguran que quienes no cumplían las condiciones impuestas podían perder sus puestos, incluso después de endeudarse para conseguirlos.
Los hechos señalados involucran recursos salariales del Congreso Nacional, préstamos personales y decisiones administrativas sobre contratos y nombramientos.
Hasta este punto, los cobros, las presiones y las responsabilidades atribuidas a la legisladora constituyen acusaciones de las funcionarias, cuya eventual responsabilidad penal deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
