Gobierno proyecta USD 1.900 millones de nueva deuda para 2027 y Congreso exige saber a quiénes debe pagar el Estado
El Estado paraguayo contempla asumir aproximadamente USD 1.900 millones en nuevo endeudamiento durante 2027, con el objetivo de atender compromisos pendientes con proveedores del sistema público de salud y empresas constructoras, además de financiar proyectos de infraestructura. La cifra fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo ejercicio.
La información fue proporcionada por el MEF ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, durante una audiencia celebrada el jueves 22 de octubre. Los legisladores solicitaron detalles sobre las obligaciones acumuladas, las empresas que esperan cobrar y los mecanismos previstos para impedir que vuelvan a generarse atrasos.
El Gobierno busca financiamiento para pagar compromisos anteriores y continuar las obras
La propuesta económica contempla recurrir a nuevos instrumentos de financiamiento por aproximadamente USD 1.900 millones.
Durante la audiencia, los integrantes de la comisión consultaron cuánto dinero pretende obtener el Gobierno mediante emisiones de bonos y qué parte de los recursos será destinada a cubrir obligaciones pendientes.
La cartera económica explicó que el financiamiento proyectado permitirá atender compromisos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
También se prevé utilizar recursos para la ejecución de proyectos de infraestructura.
El monto representa una previsión de nuevo endeudamiento incluida en el proyecto presupuestario, por lo que todavía depende del tratamiento y las autorizaciones correspondientes.
Salud Pública separará las deudas anteriores de las nuevas compras de medicamentos
Uno de los puntos abordados fue la situación financiera del Ministerio de Salud y sus obligaciones con empresas proveedoras de medicamentos e insumos.
El MEF explicó que anteriormente una misma asignación presupuestaria debía utilizarse tanto para cancelar facturas pendientes como para adquirir nuevos productos.
Este procedimiento reducía los recursos disponibles para realizar compras destinadas al funcionamiento de los servicios sanitarios.
Para 2027, el Gobierno propone identificar por separado el dinero destinado a pagar deudas anteriores y el presupuesto correspondiente a nuevas adquisiciones.
La medida busca diferenciar las obligaciones acumuladas de los compromisos que se generen durante el siguiente ejercicio fiscal.
Obras Públicas todavía registra USD 130 millones pendientes de pago
La situación de las empresas constructoras también formó parte de las consultas realizadas por los parlamentarios.
El Ministerio de Economía informó que, al cierre de 2025, las obligaciones con contratistas de obras viales alcanzaban aproximadamente USD 220 millones, calculados al tipo de cambio de aquel periodo.
De ese monto, todavía quedaban USD 39 millones pendientes de cancelación.
Por otra parte, el MEF señaló que el MOPC mantenía obligaciones totales cercanas a USD 130 millones al momento de la presentación.
Las cifras corresponden a referencias diferentes: los USD 39 millones representan el saldo pendiente de las facturas de 2025, mientras los USD 130 millones corresponden al total de obligaciones informado para Obras Públicas.
La cartera económica reconoció que algunos certificados de avance de obras emitidos durante diciembre podrían pasar al ejercicio 2027 debido a los procedimientos administrativos.
Legisladores cuestionan cómo evitar que vuelvan a acumularse las deudas
Durante el encuentro, el senador José Oviedo planteó interrogantes sobre la utilización de nuevos créditos para cancelar obligaciones que el Estado no había pagado oportunamente.
El parlamentario pidió conocer qué controles se implementarán para impedir que vuelvan a producirse atrasos similares.
El Ministerio de Economía explicó que una de las dificultades identificadas en Salud Pública estaba relacionada con la demora en el registro financiero de las facturas.
El procedimiento anterior podía extenderse durante seis meses y requería pasar por aproximadamente 60 dependencias administrativas antes de completar el proceso correspondiente.
La institución informó que el circuito fue reducido a unas 17 dependencias, como parte de las modificaciones introducidas en el sistema de gestión.
Un nuevo sistema buscará controlar contratos y facturas del Estado
Para realizar el seguimiento de las obligaciones públicas, el MEF presentó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys).
Esta herramienta busca vincular los contratos estatales con los registros de facturación electrónica y los movimientos de bienes dentro de las instituciones.
El mecanismo permitiría identificar los compromisos desde que se emiten las facturas y realizar un seguimiento de los procedimientos administrativos posteriores.
La cartera económica explicó que Sigebys funciona desde enero de 2026, aunque todavía no se encuentra implementado en su totalidad.
El objetivo anunciado es que durante 2027 el sistema pueda utilizarse para administrar integralmente la información presupuestaria.
Congreso pide conocer qué empresas deben cobrar y cuánto corresponde a cada una
La senadora Celeste Amarilla solicitó que el Ejecutivo identifique a las empresas farmacéuticas y constructoras que mantienen facturas pendientes con el Estado.
El pedido incluye una lista de acreedores y los montos adeudados individualmente.
La legisladora recordó que la Comisión de Hacienda del Senado ya había solicitado esa documentación.
Durante la audiencia, el Ministerio de Economía asumió el compromiso de gestionar la entrega de los datos requeridos.
La información permitiría conocer la composición de las obligaciones acumuladas y su distribución entre los proveedores estatales.
El PGN 2027 seguirá bajo análisis del Congreso Nacional
La propuesta presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo asciende aproximadamente a G. 166,3 billones, equivalentes a USD 25.700 millones.
Dentro de ese marco, la previsión de USD 1.900 millones de nueva deuda forma parte de los mecanismos de financiamiento contemplados para atender compromisos pendientes y sostener inversiones.
La Comisión Bicameral continuará con el estudio del documento antes de emitir su recomendación para el tratamiento legislativo.
Entre los aspectos pendientes figuran la identificación completa de los acreedores, el detalle de los instrumentos de financiamiento y los mecanismos administrativos destinados a evitar nuevas obligaciones impagas.
El endeudamiento proyectado todavía no constituye una operación ejecutada, ya que deberá ajustarse a las disposiciones que finalmente sean aprobadas para el ejercicio fiscal 2027.
