Contraloría detecta 1.090 títulos sin respaldo documental entre funcionarios públicos y presenta denuncia ante la Fiscalía
Una revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) identificó 1.090 títulos académicos correspondientes a 1.082 funcionarios públicos que presentan inconsistencias documentales y requieren verificación. Los resultados fueron comunicados en el marco de la investigación que desarrolla una comisión especial del Senado sobre presuntas irregularidades en las credenciales académicas utilizadas para acceder a cargos estatales.
El organismo contralor confirmó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público ante la presunción de hechos punibles. Los hallazgos corresponden a un informe preliminar elaborado con información de apenas 35 instituciones públicas, por lo que todavía no existe un panorama completo de los casos que podrían encontrarse en el Estado.
Más de mil funcionarios deberán aclarar la documentación de sus títulos
La investigación inicial permitió detectar 1.090 registros académicos cuestionados, vinculados con 1.082 trabajadores estatales.
Los casos presentan diferencias o ausencia de documentación que permita confirmar la autenticidad o validez de los títulos declarados.
El presidente de la comisión especial del Senado explicó que los primeros resultados también muestran problemas relacionados con los mecanismos de verificación utilizados por las instituciones públicas.
Entre las deficiencias identificadas aparecen controles insuficientes, limitaciones en los sistemas informáticos y acumulación de responsabilidades administrativas.
La Contraloría aclaró que las inconsistencias detectadas no significan automáticamente que todos los documentos sean falsificados. Cada expediente deberá examinarse individualmente antes de determinar posibles responsabilidades.
El informe todavía no incluye a 221 organismos públicos
Uno de los puntos señalados por la Contraloría es que la revisión todavía está lejos de abarcar a toda la administración pública.
Hasta el momento, el análisis se concentró en 35 instituciones del Estado, mientras que siguen pendientes las respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas.
El organismo estima que el universo total de funcionarios que debe examinarse alcanza aproximadamente 94.000 personas.
Además, la revisión preliminar no incorpora todavía al Poder Judicial, el Ministerio Público ni el Congreso Nacional.
La investigación tampoco comprende actualmente a trabajadores del sector privado.
Detectan 877 ofertas académicas sin acreditación vigente
El estudio también expuso problemas relacionados con la supervisión de la educación superior.
Dentro del grupo examinado, la Contraloría identificó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente, de las cuales 184 pertenecen al área de la salud.
Esta situación abrió cuestionamientos sobre el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y los mecanismos utilizados para habilitar y controlar carreras universitarias.
La Contraloría diferenció los problemas de habilitación y acreditación de los casos de posible falsificación documental, ya que se trata de procedimientos y requisitos distintos.
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) también fue mencionada en relación con la certificación de calidad de los programas académicos.
Contraloría cuestiona al Cones y plantea suspender habilitaciones
Durante la presentación de los resultados, la máxima autoridad de la CGR cuestionó la capacidad del Cones para supervisar las carreras ofrecidas por las instituciones de educación superior.
El organismo señaló que existen universidades, facultades y programas cuya situación administrativa requiere una revisión.
También mencionó limitaciones de recursos humanos e infraestructura reconocidas por el propio ente regulador.
Ante estas circunstancias, la Contraloría sugirió que el Cones evalúe suspender temporalmente nuevas habilitaciones hasta reorganizar sus procedimientos de control.
La propuesta fue formulada como una recomendación y no representa una suspensión ya dispuesta.
Funcionarios del MEC aparecen entre los casos investigados
La revisión también encontró situaciones relacionadas con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La Contraloría indicó que algunos funcionarios habrían accedido a sus cargos utilizando títulos cuya formación académica no pudo ser confirmada por las universidades consultadas.
En determinados casos, las instituciones educativas respondieron que las personas involucradas no habían cursado las carreras que figuraban en sus antecedentes académicos.
El organismo cuestionó la falta de verificaciones suficientes por parte de las dependencias estatales encargadas de revisar estos documentos.
También señaló que la responsabilidad de los controles debe ser examinada tanto en las instituciones públicas como en las universidades nacionales y privadas.
La propia Contraloría registra cuatro casos bajo investigación
El informe reconoce que cuatro funcionarios de la Contraloría también figuran entre los casos que requieren aclaración.
Por estos antecedentes, la institución confirmó que ya inició sumarios administrativos.
Los procedimientos deberán determinar la situación documental de los involucrados y establecer si corresponde aplicar medidas administrativas.
El organismo también advirtió que las respuestas remitidas por las universidades podrían contener errores, por lo que será necesario contrastar la información con otros registros.
La Fiscalía deberá investigar las posibles responsabilidades
La denuncia presentada ante el Ministerio Público busca que se investiguen los hechos detectados durante las verificaciones preliminares.
La Contraloría sostuvo que todavía deben completarse las consultas a instituciones educativas y dependencias estatales antes de establecer conclusiones definitivas.
El procedimiento incluirá la revisión individual de los documentos cuestionados para determinar si existen irregularidades administrativas o conductas que puedan constituir delitos.
Mientras tanto, la comisión especial del Senado continuará con el seguimiento de los resultados y las propuestas destinadas a modificar los mecanismos de control de las credenciales académicas utilizadas dentro del sector público.
