El Gobierno todavía debe hasta USD 150 millones a las constructoras y promete regularizar los pagos antes de fin de año
Las empresas encargadas de ejecutar obras públicas en Paraguay mantienen reclamos por obligaciones pendientes de entre USD 130 millones y USD 150 millones, correspondientes a certificados de trabajos realizados. La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) señalaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumió el compromiso de regularizar los desembolsos antes de finalizar 2026, aunque los pagos recientes estuvieron por debajo de las cantidades previstas.
Los representantes de ambos gremios expusieron la situación durante el Foro y Exposición Cavialpa 2026, realizado en el Banco Central del Paraguay. También solicitaron revisar la distribución de los recursos contemplados en el presupuesto de 2027 para evitar nuevos atrasos en los proyectos de infraestructura.
En septiembre esperaban USD 100 millones y recibieron menos de la mitad
Uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con las diferencias entre los desembolsos programados y los pagos efectivamente realizados.
De acuerdo con la Capaco, las empresas esperaban recibir aproximadamente USD 100 millones durante septiembre, pero el Gobierno terminó transfiriendo entre USD 43 millones y USD 44 millones.
Esto significa que los desembolsos alcanzaron menos de la mitad de lo previsto inicialmente.
El gremio advirtió que, cuando los pagos estatales no alcanzan para cubrir las obligaciones que se generan mensualmente por los trabajos ejecutados, vuelven a acumularse compromisos pendientes.
La situación podría afectar la capacidad de las compañías para mantener sus operaciones durante los últimos meses del año.
La deuda comenzó el año por encima de USD 250 millones
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) recordó que las constructoras iniciaron 2026 con obligaciones pendientes superiores a USD 250 millones.
A esa cifra se sumaban aproximadamente USD 100 millones en intereses relacionados con los atrasos.
Durante el año, los gremios mantuvieron conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para revisar los montos y establecer un cronograma de desembolsos.
Los representantes empresariales reconocieron que la mayor parte de ese calendario fue cumplida, permitiendo reducir progresivamente las obligaciones acumuladas.
Sin embargo, actualmente todavía quedan entre USD 130 millones y USD 150 millones en certificados de obra pendientes de pago, mientras que los intereses continúan sin cancelarse.
El sector espera llegar a diciembre con las cuentas regularizadas
La Capaco manifestó que mantiene la expectativa de que el Gobierno cumpla el compromiso de finalizar el año sin obligaciones atrasadas.
No obstante, Cavialpa contempla otro escenario, en el que todavía podría quedar un saldo pendiente al cierre de diciembre, aunque en un nivel que las empresas puedan administrar mediante financiamiento bancario y recursos propios.
Ambos gremios coinciden en la necesidad de mantener los desembolsos previstos durante noviembre y diciembre.
La cancelación total de la deuda continúa siendo un compromiso del Gobierno y todavía no constituye un resultado confirmado.
Los pagos de salarios y aguinaldos aumentan las obligaciones de diciembre
La proximidad del cierre de año representa otro factor de preocupación para las empresas constructoras.
Durante diciembre, las compañías deben disponer de recursos para cubrir los salarios correspondientes a noviembre y diciembre, además de los aguinaldos de sus trabajadores.
Estas obligaciones se suman a los pagos habituales por materiales, servicios, equipos y otras actividades relacionadas con las obras.
Los representantes del sector advirtieron que los atrasos en las transferencias estatales pueden afectar también a proveedores y empresas vinculadas con la cadena de la construcción.
Por esta razón, solicitan que los compromisos pendientes sean atendidos antes de que se concentren los desembolsos laborales de fin de año.
El presupuesto de 2027 contempla unos USD 1.000 millones para obras
Además de las deudas actuales, las constructoras expresaron preocupación por la estructura del presupuesto previsto para el próximo ejercicio.
Según la Capaco, los recursos para inversión pública alcanzarían aproximadamente USD 1.000 millones en 2027.
Sin embargo, el gremio considera que existe una diferencia entre el dinero previsto para ejecutar los proyectos y las asignaciones destinadas a cubrir los fondos locales.
Actualmente, estos recursos representan algo más del 41% de las necesidades presupuestarias, mientras que la propuesta para 2027 les asignaría apenas poco más del 10%.
Las constructoras consideran necesario modificar esa distribución para evitar dificultades en la ejecución de obras que dependen de financiamiento local.
Los gremios reclaman participar antes de que se apruebe el presupuesto
Cavialpa también solicitó que las empresas constructoras puedan participar en las conversaciones presupuestarias desde las primeras etapas de elaboración.
El gremio señaló que actualmente toma conocimiento de las asignaciones cuando los documentos ya están preparados o aprobados.
Esta situación obliga posteriormente a impulsar reprogramaciones presupuestarias, ampliaciones y modificaciones en las fuentes de financiamiento.
Los representantes del sector consideran que una planificación anticipada permitiría establecer compromisos más ajustados a las necesidades de las obras.
También plantearon la utilización de alianzas público-privadas, concesiones y contratos llave en mano como alternativas para complementar los recursos presupuestarios.
Las constructoras buscan evitar una nueva acumulación de obligaciones en 2027
Las solicitudes de Capaco y Cavialpa comprenden dos aspectos principales: regularizar las cuentas pendientes de 2026 y asegurar recursos suficientes para los proyectos del siguiente ejercicio.
Los gremios mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para analizar ambas situaciones.
La deuda pendiente por certificados continúa situada entre USD 130 millones y USD 150 millones, sin incluir los intereses todavía reclamados.
El cumplimiento del calendario de pagos y la definición del presupuesto de 2027 determinarán las condiciones financieras con las que las empresas iniciarán el próximo año.
