La Universidad Nacional de Asunción (UNA) solicitó una ampliación de G. 392.733 millones, equivalentes a aproximadamente USD 61 millones, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional. Los recursos adicionales se destinarían a remuneraciones, contratación de docentes, funcionamiento de hospitales universitarios, mantenimiento de instalaciones y ejecución de obras previstas para 2027.
El requerimiento se suma a los G. 1,8 billones, unos USD 287,86 millones, que la institución pretende disponer dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. La cifra adicional constituye un pedido separado de los montos incorporados inicialmente al sistema de programación presupuestaria.
Más recursos para una universidad con 50.000 estudiantes
La UNA fundamentó parte de su solicitud en la necesidad de ampliar su capacidad académica y mantener las carreras que actualmente ofrece a más de 50.000 estudiantes.
Para la incorporación de nuevos cargos docentes y la habilitación de más grupos de alumnos, la institución pretende disponer de G. 79.095 millones adicionales.
Esta partida permitiría adecuar la cantidad de estudiantes por aula a los requisitos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), además de financiar las modificaciones de planes de estudio y nuevas ofertas académicas.
Salarios y beneficios laborales forman parte del pedido
Otro componente de la propuesta corresponde a la actualización de remuneraciones de funcionarios y profesores.
La universidad solicita G. 48.643 millones para continuar con el programa de nivelación salarial acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso Nacional.
El planteamiento comprende 4.411 puestos administrativos y 1.634 cargos asistenciales de la Facultad de Ciencias Médicas. Para el sector docente, incluye 16.571 cargos y 11.898 horas cátedra.
Asimismo, la UNA requiere G. 34.142 millones destinados a obligaciones establecidas en su contrato colectivo, relacionadas con antigüedad, títulos universitarios y compensaciones por insalubridad para determinados trabajadores de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas necesita medicamentos y mantenimiento de equipos
Dentro de la solicitud se contemplan G. 121.076 millones para gastos corrientes, que abarcan servicios básicos, mantenimiento y necesidades operativas de las distintas dependencias universitarias.
En el Hospital de Clínicas, el dinero permitiría financiar medicamentos, reactivos e insumos del Banco de Sangre, además del mantenimiento de equipos como tomógrafos y resonadores magnéticos.
También se incluyen recursos para el funcionamiento de unidades de terapia intensiva y programas de trasplantes.
La propuesta alcanza igualmente a clínicas odontológicas, establecimientos veterinarios y laboratorios de investigación que prestan servicios a la población.
Construcciones y nuevos equipos requieren otros G. 109.776 millones
La institución plantea destinar G. 109.776 millones a inversiones en infraestructura y equipamiento.
Entre los proyectos figuran trabajos edilicios en facultades, adquisición de instrumentos para laboratorios y mobiliario para espacios de enseñanza.
La Facultad de Ciencias Médicas concentra el mayor requerimiento adicional entre las unidades académicas, con G. 122.213 millones, incluyendo partidas para funcionamiento e inversiones.
También se contemplan necesidades de laboratorios científicos y mantenimiento de equipos especializados utilizados en investigaciones y servicios de diagnóstico.
La UNA presentó datos de su ejecución presupuestaria
Durante la exposición ante el Congreso, la universidad informó que en 2025 utilizó el 92,1% de los fondos provenientes del Tesoro Nacional.
Además, detalló que aproximadamente el 17% de su presupuesto corresponde a ingresos propios, obtenidos mediante servicios de laboratorio, estudios de posgrado, certificaciones y otras actividades.
En 2025, estos recursos alcanzaron G. 312.116 millones.
La solicitud de ampliación forma parte del análisis legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027, donde deberán evaluarse los recursos requeridos por las instituciones públicas antes de su aprobación.
