La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas informó que Venezuela registró una reducción de las detenciones por motivos políticos y adoptó medidas como liberaciones de presos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide. Sin embargo, el organismo sostiene que las estructuras de seguridad e inteligencia vinculadas con violaciones de derechos humanos permanecen esencialmente intactas.
El informe fue presentado en un escenario de mayor apertura política desde la salida de Nicolás Maduro del poder y durante la administración encabezada por Delcy Rodríguez. La misión considera que los cambios registrados hasta ahora son limitados y pueden revertirse si no avanzan reformas institucionales más profundas.
Más de 1.000 liberaciones fueron anunciadas desde enero
Las autoridades venezolanas informaron que 1.046 personas fueron liberadas desde enero, aunque organizaciones independientes manejan cifras distintas. Foro Penal había verificado 894 excarcelaciones hasta junio y todavía contabilizaba 391 presos políticos a mediados de agosto.
La ley de amnistía aprobada en febrero alcanzó a más de 8.000 personas, aunque una parte importante ya se encontraba fuera de prisión bajo distintas restricciones. Naciones Unidas reconoce estos movimientos, pero señala que por sí solos no implican una transformación de los organismos estatales encargados de seguridad e inteligencia.
Persisten denuncias de detenciones arbitrarias y malos tratos
La misión recibió nuevos testimonios sobre torturas y malos tratos en centros de detención, entre ellos El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Las denuncias recopiladas incluyen golpes, descargas eléctricas y aislamiento prolongado.
El reporte también señala que cientos de personas continúan detenidas arbitrariamente y que funcionarios relacionados con abusos del pasado permanecen ocupando cargos dentro del aparato estatal.
Los colectivos también aparecen dentro del informe
Naciones Unidas volvió a poner atención sobre los llamados colectivos, grupos civiles armados a los que la misión atribuye vínculos políticos, financieros y logísticos con estructuras estatales. El organismo sostiene que estos grupos todavía cuentan con capacidad para intimidar a personas consideradas adversarias del Gobierno.
La misión plantea que las liberaciones y las medidas de apertura deben estar acompañadas de reformas institucionales y mecanismos de rendición de cuentas para evitar que se repitan las violaciones documentadas durante años anteriores.
El escenario político también cambia con el regreso de opositores
En paralelo, dirigentes opositores que estaban fuera del país o permanecían en la clandestinidad comenzaron a reaparecer públicamente. El diálogo entre sectores del chavismo y la oposición produjo en agosto un primer acuerdo relacionado con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y otros asuntos institucionales.
El proceso ocurre además en medio de un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos, con conversaciones políticas y nuevos acuerdos vinculados al sector petrolero. Para Naciones Unidas, el desafío sigue siendo que la apertura política también alcance a las instituciones de seguridad y justicia.
