Los ₲ 580.684 millones registrados hasta julio representan un incremento frente al acumulado del periodo anterior, mientras el costo total ya se ubica a poca distancia de los USD 100 millones durante los primeros siete meses del año.
La idea detrás del nuevo enfoque es permitir que los propios mercados reaccionen a los datos económicos y determinen precios sin depender de indicaciones constantes de la autoridad monetaria sobre las decisiones que podrían tomarse más adelante.
El Indert sostiene que eliminar estos intereses no tendría un impacto relevante sobre los ingresos de la institución, mientras permitiría aumentar la participación de jóvenes dentro de los procesos de regularización y entrega de títulos.
Uno de los puntos centrales del sistema está relacionado con los tiempos de pago a proveedores. El MIC indicó que una factura por una venta a crédito al Estado puede tener actualmente plazos de 60 o 90 días, mientras que con Adelanta la mipyme podría acceder al efectivo antes de las 48 horas posteriores al proceso correspondiente.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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