La institución también enfrenta dificultades para retener especialistas, mientras varios servicios hospitalarios soportan una creciente cantidad de consultas y procedimientos.
La disposición incluye a las organizaciones sin fines de lucro sujetas a la normativa y establece que sus comunicaciones y rendiciones deberán gestionarse a través de la plataforma digital habilitada por la cartera económica.
Para abastecer los depósitos y cubrir la provisión necesaria, el IPS estima que necesitaría una ampliación de entre G. 150.000 millones y G. 180.000 millones por mes.
El resultado se produce porque el dinero aportado por los trabajadores activos no cubre la totalidad de las obligaciones mensuales con quienes ya están jubilados o reciben una pensión.
Uno de los cambios principales aparece en el Decreto 6288, que autoriza una reprogramación de G. 250.000 millones, equivalentes a USD 40,9 millones, desde el Ministerio de Economía y Finanzas hacia el Ministerio de Salud.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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