El BCP señaló que el crecimiento ocurrió en un escenario con una morosidad cercana al 2,7% y niveles de solvencia que permiten al sistema financiero responder a sus obligaciones.
Las reservas constituyen los recursos externos administrados por el país y pueden utilizarse para responder ante variaciones pronunciadas del tipo de cambio, mayores costos de importación o episodios de tensión en los mercados financieros internacionales.
El organismo sostiene que la transformación no se limita a acelerar transferencias o reducir gastos, ya que también puede cambiar la manera en que se ejecutan, compensan y cierran las operaciones.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de la Ley N.º 489/1995 y sus modificaciones, que establece las condiciones para integrar el Directorio del Banco Central.
El gremio indicó que en los comercios barriales volvió a extenderse el uso de la libreta para pagar posteriormente, mientras también aumenta la utilización de tarjetas para adquirir productos de la canasta básica y combustible.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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