Entre la información exigida aparecen tipo de operación, fecha, hora, cantidad negociada, hash de la transacción, direcciones de origen y destino y tipo de billetera utilizada.
Los acuerdos entre la ANDE y las compañías dedicadas a la minería de criptomonedas finalizan en 2027 y todavía no está definido si serán renovados ni qué destino tendrá la energía actualmente asignada a estas operaciones en caso de que no continúen.
El cambio más marcado se produjo en los ingresos forzados a viviendas. CertiK documentó 20 allanamientos durante los primeros seis meses de 2026, frente a un solo caso en el mismo periodo de 2025.
La empresa no realiza nuevas adquisiciones de bitcoin desde la semana terminada el 22 de junio. En su reporte más reciente tampoco registró compras ni ventas de la criptomoneda.
A pesar de la salida de más de USD 465 millones durante las dos últimas ruedas, el conjunto de los ETF cerró la semana con entradas netas por USD 33,8 millones.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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