En abril, el déficit mensual fue de G. 206.686 millones (USD 26 millones), representando una diferencia del 42% entre los ingresos percibidos por aportes y los haberes jubilatorios abonados.
Desde la dirección se informó que se trabajará en conjunto con municipalidades y el Banco Nacional de Fomento con el objetivo de contactar a quienes aún no realizaron el trámite.
El proceso, iniciado el 3 de febrero, abarca a más de 79.000 beneficiarios, quienes deben actualizar sus datos para permanecer en la planilla de pagos.
El plan detalla una distribución de fondos que partiría de un capital inicial de USD 500 millones, que podrían originarse en aumentos de recaudación tributaria, emisión de deuda pública o mediante préstamos de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial.
De acuerdo con la propuesta, las transacciones sujetas al primer tributo serían aquellas superiores a 1.400 salarios mínimos (aproximadamente USD 500.000), con una tasa progresiva entre 0,1% y 0,4%.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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