El MEF informó que cuatro préstamos en negociación con organismos multilaterales suman USD 848,7 millones y están vinculados principalmente a proyectos de infraestructura.
Durante la presentación se expondrá un análisis técnico sobre las principales variables que marcaron el desempeño del 2025: crecimiento, inflación, mercado laboral y situación fiscal.
El trabajo incluyó un análisis detallado de los elementos necesarios para una gestión transparente y eficiente, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales en materia de compras públicas.
El préstamo cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR, la referencia diaria de financiación garantizada de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Según la información divulgada por BID Invest, el proyecto se encuentra en etapa de análisis y podría generar cerca de 7.000 empleos directos e indirectos en caso de concretarse.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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