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RUN avanza y DNIT aclara que valores fiscales no subirán de forma automática
16/6/26
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios informó que continúa el proceso de implementación del Registro Unificado Nacional, creado por la Ley Nº 7424/2025 y reglamentado por decreto presidencial en enero de 2026.
El nuevo sistema reúne funciones vinculadas a registros públicos, catastro y agrimensura, con el objetivo de ordenar la información inmobiliaria a nivel nacional.
La DNIT aclaró que la entrada en vigencia del RUN no modificará la forma de calcular los valores fiscales de los inmuebles. La actualización seguirá vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor, informado por el Banco Central del Paraguay y aprobado posteriormente por decreto del Poder Ejecutivo.
La institución indicó que los cambios en la valuación fiscal no significan un aumento automático de tributos.
El impuesto inmobiliario se calcula aplicando una tasa del 1% sobre el valor fiscal del inmueble, mientras que la recaudación corresponde a las municipalidades.
Al cierre de 2025, Paraguay registraba 3.122.226 inmuebles urbanos y rurales. La DNIT señaló que existen casos donde los valores fiscales presentan diferencias frente a la realidad física o fiscal de las propiedades.
Dentro de los análisis realizados, las mayores variaciones fueron observadas principalmente en tierras agrícolas. La institución también aclaró que aún no cuenta con datos numéricos ni estadísticas históricas suficientes para estimar cuántos inmuebles podrían estar subvaluados.
Las nuevas valuaciones fiscales comenzarán a aplicarse luego del cierre del ejercicio fiscal vigente y tras la promulgación del decreto correspondiente. De esta manera, los valores actualizados empezarían a regir desde el periodo fiscal inmediato siguiente.
Cualquier operación inmobiliaria realizada desde la vigencia de esos nuevos valores tomará como referencia la valuación fiscal actualizada del inmueble correspondiente.
La DNIT informó que mantiene trabajos de coordinación con la Corte Suprema de Justicia para definir el acceso a información catastral y registral necesaria para los procesos de valuación fiscal.
