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La falta de seguridad jurídica vuelve a generar preocupación entre industrias que buscan invertir en el país, UIP
4/12/25
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De acuerdo con informes del gremio industrial, se siguen acumulando situaciones que generan preocupación en torno a la seguridad jurídica del país. Estas condiciones afectan tanto a empresas interesadas en instalarse como a inversiones que ya operan con permisos concedidos.
El sector advirtió que estos episodios ponen en riesgo la llegada de nuevas industrias y el desarrollo de iniciativas que podrían ampliar la actividad económica.
Dentro de los puntos elevados por asociaciones empresariales se incluyen situaciones donde industrias que cuentan con autorizaciones vigentes enfrentan impedimentos administrativos. Las trabas, según los reportes, provienen de decisiones municipales que no responden a criterios normativos ni técnicos.
Uno de los ejemplos mencionados corresponde a una planta extranjera instalada en Luque, que pese a cumplir con los requisitos operativos se encuentra limitada para continuar con sus actividades. El gremio considera este caso fuera de los parámetros habituales, ya que otras empresas sí pueden mantener su producción sin restricciones.
El sector productivo ha remarcado que estos hechos perjudican el esfuerzo de promover al país como destino industrial. La inseguridad jurídica genera un efecto contrario a la construcción de una marca país estable, elemento señalado como clave para atraer capital de largo plazo.
Las asociaciones insisten en que el origen del capital no es determinante siempre que esté respaldado por estructuras transparentes y formales.
Los reportes indican que, en la actualidad, existe un interés creciente de inversores de la región y otros continentes por explorar oportunidades en Paraguay. Sin embargo, también se advierte que las denuncias en torno a la inseguridad jurídica no representan buenas señales para quienes evalúan ingresar al mercado.
Por ello, el sector propone avanzar hacia un fortalecimiento institucional que permita decisiones administrativas coherentes y previsibles.
Para el gremio industrial, el sector privado debe enfocarse en generar empleo y desarrollo productivo, mientras que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento equitativo de la ley, abarcando tanto a instituciones judiciales como a gobiernos locales.
