El posible retorno de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) genera alertas por los efectos que podría tener sobre su economía.
Según información oficial, el país ha cumplido más del 90% de las recomendaciones establecidas tras la evaluación mutua de 2021.
De acuerdo con análisis realizados, la situación macroeconómica de Bolivia presenta reservas internacionales limitadas, restricciones cambiarias y una demanda creciente de dólares.
Estas condiciones son consideradas factores de presión para la estabilidad financiera y podrían influir en la evaluación del GAFI.
El entorno político también ha sido señalado como un aspecto que dificulta la implementación plena de reformas normativas necesarias, como la aprobación de una ley que habilite técnicas especiales de investigación, consideradas clave para fortalecer el sistema antilavado.
Entre las consecuencias que se mencionan en caso de que Bolivia sea incluida en la lista gris, se destacan posibles dificultades para mantener relaciones de corresponsalía bancaria, incremento en los costos de transferencias internacionales, y un impacto sobre la atracción de inversión extranjera y el financiamiento del comercio exterior.
El cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI no sería suficiente si no se acompañan de resultados efectivos.
La ausencia de avances judiciales y de marcos legales operativos completos podría ser interpretada como una señal de debilidad institucional.
Especialistas señalan que casos como los de Filipinas y Líbano permiten observar distintos caminos posibles.
Mientras uno logró implementar reformas operativas que permitieron su salida de la lista gris, el otro enfrentó un deterioro institucional que profundizó su aislamiento financiero.