
El Gobierno impulsa la integración operativa entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social, con el objetivo de unificar recursos administrativos y de atención médica.
La iniciativa busca establecer una red conjunta de servicios, eliminando barreras de gestión entre ambas instituciones.
El proceso genera rechazo entre sectores de aportantes del sistema previsional, que expresan objeciones al esquema propuesto.
Desde organizaciones de asegurados se advierte que la apertura del sistema a personas no aportantes podría afectar la capacidad de respuesta del IPS, en un contexto de alta demanda de servicios médicos.
Diversos gremios de asegurados sostienen que la integración podría contradecir disposiciones legales vigentes que regulan el funcionamiento del Instituto de Previsión Social.
Los cuestionamientos incluyen observaciones sobre la utilización de recursos previsionales y la falta de definiciones normativas claras para implementar el acuerdo.
Mientras se analiza el proceso de integración, persisten reportes de demoras en la atención médica y limitaciones en la infraestructura tanto en hospitales públicos como en dependencias del IPS.
Los asegurados señalan que las dificultades actuales se registran aun sin la ampliación del universo de beneficiarios.

La iniciativa de integración contempla distintos aspectos de la atención sanitaria, entre ellos la coordinación de consultas, estudios y provisión de medicamentos.
No obstante, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el alcance final del esquema ni sobre los plazos de implementación.
Tras los anuncios iniciales, las autoridades de las instituciones involucradas no brindaron mayores precisiones públicas sobre el desarrollo del proceso.