
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que ya comenzaron las conversaciones para revisar la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que actualmente establece un límite de 1,5% del producto interno bruto para el déficit fiscal.
La cartera plantea que el análisis no se limite únicamente a modificar ese porcentaje, sino que abarque una actualización integral del marco que regula las cuentas públicas.
La normativa fiscal fue sancionada en 2013 y el MEF considera que el escenario económico actual es diferente al existente cuando se diseñaron esas reglas.
Por ese motivo, el planteamiento contempla revisar qué esquema necesita hoy Paraguay para combinar las metas fiscales con las necesidades de financiamiento y desarrollo.
La discusión aparece mientras el Gobierno administra obligaciones atrasadas con proveedores del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, uno de los factores señalados por la cartera económica como determinantes en la situación de las finanzas públicas.
El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá ser presentado al Congreso a más tardar el 1 de septiembre y volverá a priorizar áreas como salud, educación y seguridad.
Dentro del presupuesto también se prevé incorporar recursos para avanzar en la cancelación de compromisos acumulados dentro del Ministerio de Salud, como parte del esquema diseñado para administrar obligaciones que quedaron pendientes.

Desde el MEF también defendieron el desempeño económico alcanzado durante los primeros tres años de la actual administración y mencionaron como elementos centrales los niveles de crecimiento económico y la reducción de indicadores relacionados con pobreza y desempleo.
La cartera rechazó que la situación fiscal pueda analizarse únicamente a partir del déficit y sostuvo que las obligaciones atrasadas con proveedores tuvieron una incidencia importante sobre las cuentas estatales.
Sobre las propuestas legislativas que buscan reducir gastos como viáticos y otras partidas, el MEF planteó que cada modificación debe ser estudiada por su efecto sobre el presupuesto y el funcionamiento de las instituciones públicas.
La revisión del techo de 1,5% queda así dentro de una discusión más amplia que incluye las deudas pendientes, el Presupuesto 2027 y la definición de un nuevo marco fiscal para los próximos años.