
Una revisión de la Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social (IPS) detectó que 275 ampollas de Imipenem Cilastatina de 500 miligramos fueron retiradas sin información suficiente para conocer a qué pacientes se entregaron o cuál fue su utilización final.
El valor conjunto de estos medicamentos fue calculado en G. 55 millones, considerando un costo de G. 200.000 por unidad.
La falta de datos impidió reconstruir todo el recorrido de las ampollas, desde su salida de los depósitos hasta su eventual administración.
En los sistemas revisados no figuraban elementos como la indicación médica, la identidad del beneficiario ni el uso individual de cada producto.
Del total observado, 36 ampollas aparecieron registradas como entregas de contingencia o excepción en diferentes dependencias de la previsional.
Otras 206 unidades fueron descontadas bajo el concepto de materiales utilizados por puesto, mientras que 33 ampollas salieron del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi sin trazabilidad en el sistema SAP.
La mayor cantidad se concentró en la Unidad Sanitaria de Caaguazú, donde quedaron registradas 160 unidades en los servicios de Urgencias Adultos e Internados.
En el Hospital Central figuraron otras 46 ampollas solicitadas por el área de Microbiología.

Esta última dependencia indicó que el producto no fue aplicado como tratamiento, sino utilizado como reactivo para pruebas destinadas a detectar resistencia bacteriana. Sin embargo, la auditoría señaló que esa forma de registro tampoco permite individualizar el uso de cada ampolla.
La verificación se inició después de que el Ministerio Público encontrara, en diciembre de 2025, medicamentos con el sello de uso exclusivo del IPS dentro de un automóvil. Los productos habrían estado destinados a una presunta comercialización no autorizada en el estacionamiento del Hospital Central.
Entre los artículos incautados se encontraba una ampolla correspondiente al lote posteriormente revisado. A partir de ese hallazgo, la institución ordenó verificar la distribución de 5.600 unidades recibidas entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.
La auditoría identificó además 493 unidades vencidas en el Hospital Regional de Encarnación. El informe relacionó esta situación con la baja utilización del antibiótico y con la falta de medidas tomadas a tiempo para redistribuirlo o gestionar su cambio antes del vencimiento.