
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7564, conocida como “antimafia de los pagarés”, que establece límites y procedimientos para los embargos y descuentos aplicados sobre los salarios de funcionarios públicos.
La medida, según lo informado por fuentes oficiales, busca frenar prácticas irregulares que afectaron a trabajadores del Estado a través de esquemas judiciales y privados.
La normativa dispone que los salarios, beneficios sociales, subsidios y aguinaldos de los servidores públicos no podrán ser embargados más allá de las restricciones previstas en el Código Laboral.
Además, cuando un funcionario tenga más de un vínculo en una misma institución, los embargos no podrán superar el 50% de la remuneración correspondiente a cada puesto.
La ley también establece que las denuncias por incumplimiento podrán presentarse ante la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de la entidad empleadora.

El esquema que dio origen a esta normativa está bajo investigación del Ministerio Público y del Poder Judicial. El caso involucra a funcionarios judiciales, abogados y casas de cobranzas señaladas por cobros indebidos y presuntas amenazas contra los afectados.
De acuerdo con las investigaciones, los procesos se centraron en el uso de pagarés firmados bajo coacción o en condiciones irregulares, que derivaron en descuentos automáticos de salarios a través de resoluciones judiciales.
La nueva ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para definir los mecanismos de control y denuncia, los cuales podrían implementarse mediante una plataforma digital.