La administración del presidente de Estados Unidos solicitó a las agencias federales revisar los contratos vigentes con la Universidad de Harvard, con el objetivo de identificar cuáles pueden ser rescindidos o transferidos a otros proveedores.
La instrucción fue enviada por el comisario del Servicio Federal de Adquisiciones.
La directiva establece que cada organismo federal debe informar antes del 6 de junio las medidas adoptadas o previstas en relación con los acuerdos vigentes.
La revisión abarca contratos valorados en aproximadamente USD 100 millones, y se alinea con criterios definidos por la administración sobre las prioridades estratégicas de los servicios contratados por el Estado.
La universidad ha sido objeto de otras acciones por parte del gobierno, incluyendo la suspensión de más de USD 2.600 millones en fondos federales para investigación y limitaciones en la capacidad de admitir estudiantes internacionales.
Entre las condiciones impuestas para continuar con el financiamiento público se encuentran cambios en el sistema de gobernanza, modificaciones en el proceso de admisión de estudiantes, y la entrega de información sobre protestas estudiantiles realizadas en los últimos años.
Medios estadounidenses también reportaron declaraciones del presidente, en las que menciona la posibilidad de redirigir hasta USD 3.000 millones en subvenciones desde Harvard hacia otras instituciones educativas, como escuelas de formación técnica.