
La Cámara de Diputados concluyó el análisis del proyecto de reforma del transporte público y aprobó una serie de cambios que responden a pedidos de distintos sectores involucrados. La información proviene del tratamiento legislativo realizado en la Cámara Baja y de los documentos oficiales del Congreso.
Entre los puntos incorporados se encuentra la fijación de un plazo mínimo de 7 años para las concesiones. Además, se dispuso que los subsidios destinados a las empresas operadoras sean abonados cada 15 días, buscando asegurar una periodicidad definida en los pagos.
Dentro del mismo paquete de cambios se incluyeron ajustes relacionados con permisos, controles y renovación de flota, aunque sin mayores precisiones sobre la aplicación de estos aspectos.
Desde distintos bloques parlamentarios se presentaron solicitudes para incluir nuevas competencias institucionales y ampliar el alcance territorial del proyecto. Las propuestas apuntaban a integrar a regiones de Itapúa y Alto Paraná y a modificar la estructura administrativa del organismo regulador.
Estas iniciativas no fueron acompañadas por la mayoría y quedaron fuera del texto aprobado.
Los diputados también añadieron disposiciones vinculadas a la posición de los municipios.
Entre ellas, se mantuvo el cobro de tasas municipales para las operadoras y se otorgó participación a las comunas en el Comité de Movilidad Sostenible, instancia encargada de decisiones sobre aspectos operativos del sistema.

Asimismo, se estableció la obligatoriedad de mantener la contratación de trabajadores en casos de absorción empresarial, eliminando evaluaciones previstas previamente para los conductores.
Representantes del sector del transporte anunciaron que no acompañan algunas de las medidas incluidas, especialmente la antigüedad mínima de 2 años para la recontratación en situaciones de fusión de empresas.
El gremio adelantó que se reunirá para definir las acciones a tomar tras la aprobación de las modificaciones.
Con los ajustes realizados, el proyecto vuelve al Senado para su revisión. La Cámara Alta deberá decidir si mantiene su versión anterior o si acompaña los cambios de Diputados.