
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio patrimonial de G. 5.319.296.923 durante la ejecución de obras de reparación, ampliación, adecuación y mantenimiento en establecimientos de salud y dependencias administrativas del Instituto de Previsión Social (IPS). Los hallazgos corresponden a la licitación identificada con el número 403286.
La fiscalización fue desarrollada en dos etapas, cuyos resultados se conocieron en abril y junio de 2026. El primer informe calculó diferencias por G. 2.555.121.195, mientras que el segundo añadió un perjuicio de G. 2.764.175.728.
El IPS comunicó que la auditoría será remitida a su área de asesoría jurídica para determinar las medidas que deberán aplicarse y las responsabilidades relacionadas con las observaciones.
La segunda parte de la auditoría se concentró en tres lotes con contratos que, en conjunto, alcanzaron G. 23.170.700.000. Las obras examinadas estaban ubicadas en Concepción, Amambay y Encarnación.
El Lote 1, correspondiente a Concepción, fue adjudicado por G. 9.060 millones. El Lote 2, ubicado en Amambay, tuvo un valor de G. 9.670 millones, mientras que el Lote 13 de Encarnación fue contratado por G. 4.440,7 millones.
Las inspecciones encontraron diferencias entre los trabajos que figuraban como terminados y aquello que pudo verificarse físicamente. También fueron señalados incumplimientos técnicos y debilidades en el control de los contratos.
La Contraloría concluyó que los precios utilizados como referencia fueron elaborados sin aplicar el procedimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Para establecer los montos se habrían utilizado únicamente presupuestos presentados por posibles oferentes. A partir de esta situación, el organismo de control calculó un perjuicio de G. 1.283.297.724 relacionado con valores que ya estaban elevados desde el comienzo del proceso.

La auditoría también encontró certificados con cantidades diferentes a las verificadas en las obras. Esto permitió realizar pagos por trabajos inexistentes, incompletos o ejecutados con materiales distintos a los solicitados.
En el Hospital Regional de Encarnación se identificó un pago en exceso de G. 533.912.767, la mayor diferencia encontrada dentro de los tres lotes incluidos en el informe de junio.
La revisión señala que se certificaron materiales de menor calidad que los establecidos, entre ellos tableros eléctricos y cables.
En el Hospital Regional de Concepción, la diferencia pagada de más alcanzó G. 520.594.162. Además, en la sede del Aporte Obrero Patronal de esa ciudad se aprobaron cantidades superiores a las comprobadas durante la inspección, con una diferencia de G. 148.975.563.
En el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, los trabajos certificados no coincidían con lo ejecutado ni con la calidad fijada en las condiciones técnicas. El monto observado llegó a G. 277.395.512.
La etapa inicial de la auditoría examinó contratos por G. 20.532 millones y estableció un perjuicio de G. 2.555.121.195 por obras que no se realizaron o presentaban deficiencias.
La mayor diferencia fue registrada en la Unidad Sanitaria de San Ignacio, con aproximadamente G. 1.818 millones. También se documentaron montos en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, la sede del Aporte Obrero Patronal de la misma ciudad y el Hospital Regional de Ayolas.