
La Caja Fiscal comenzará a recibir desde julio los aportes de aproximadamente 80.000 trabajadores contratados del sector público, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.
La incorporación forma parte de los cambios establecidos en la nueva Ley de la Función Pública y apunta a generar más recursos para cubrir las obligaciones del sistema previsional.
El efecto total de estos nuevos ingresos todavía no cuenta con una estimación oficial. La cartera económica prevé que el dinero adicional permita atender parte de los pagos y reducir el ritmo de crecimiento del déficit, aunque no espera una corrección inmediata de las pérdidas acumuladas.
La Caja Fiscal terminó 2025 con un faltante cercano a USD 370 millones. Desde la aplicación de la reforma, los sectores que registran pérdidas, como el docente y el de las fuerzas públicas, elevaron sus aportes del 16% al 19%.
Ese ajuste representa tres puntos porcentuales adicionales para los trabajadores activos de esos grupos. Sin embargo, la entrada de más dinero coincide con un aumento de las solicitudes de jubilación presentado durante la discusión y aprobación de la reforma.
El incremento de los aportes permitió desacelerar parcialmente el avance del déficit, pero el resultado sigue siendo limitado por la llegada de nuevos beneficiarios.
Cada jubilación incorporada aumenta las obligaciones mensuales que deben ser cubiertas por el sistema.
El Tesoro continúa financiando el faltante correspondiente a las fuerzas públicas. En el sector civil, las pérdidas de grupos como el docente se cubren con los excedentes generados por la caja del sector administrativo.

Los contratados incorporados al régimen previsional tendrán en julio un descuento inicial de hasta el 20% de sus ingresos. Desde agosto, la retención regular será del 16%, un porcentaje que también se aplicará sobre conceptos como horas extras y viáticos.
Antes de esta modificación, estos trabajadores prestaban servicios al Estado mediante facturas y tributaban el impuesto al valor agregado. Con el nuevo esquema, sus pagos pasarán a computarse como aportes para una futura jubilación dentro de la Caja Fiscal.
Cuando un trabajador contratado sea nombrado posteriormente como funcionario permanente, el sistema reconocerá los años cotizados desde su primer descuento. Si deja de trabajar para el Estado, tendrá la posibilidad de retirar los aportes acumulados bajo las condiciones correspondientes.