El esquema contempla ajustes vinculados a la tarifa técnica, utilizada para determinar el costo real del servicio y los montos de subsidio correspondientes.
Los despachos se redujeron cerca de 97%, alcanzando un promedio de 99.000 barriles diarios, debido a restricciones logísticas y limitaciones en las rutas de salida.
En el caso de las constructoras, los montos adeudados se estiman en torno a USD 250 millones, mientras que las empresas del rubro reclaman cifras cercanas a USD 300 millones.
Desde el gremio se plantea la necesidad de coordinar acciones con instituciones del Estado para generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico.