Las modificaciones en las declaraciones fueron presentadas el 18 de enero de 2026, luego de que la Contraloría remitiera observaciones relacionadas con la correspondencia entre los registros fiscales y la evolución patrimonial declarada por el exresponsable de la petrolera estatal.
El esquema contempla ajustes vinculados a la tarifa técnica, utilizada para determinar el costo real del servicio y los montos de subsidio correspondientes.
Los despachos se redujeron cerca de 97%, alcanzando un promedio de 99.000 barriles diarios, debido a restricciones logísticas y limitaciones en las rutas de salida.
En el caso de las constructoras, los montos adeudados se estiman en torno a USD 250 millones, mientras que las empresas del rubro reclaman cifras cercanas a USD 300 millones.