Entre las situaciones señaladas se encuentran fiscalizaciones consideradas arbitrarias, sumarios cuestionados, multas sin criterios definidos y desalojos que generan controversia.
El planteamiento se vincula con afirmaciones que generaron debate, entre ellas referencias a situaciones vinculadas a la gestión pública y opiniones sobre actores políticos.
La comisión tendrá como función principal monitorear el cumplimiento de pagos, así como evaluar los mecanismos utilizados por el Estado para cancelar sus compromisos.