Las organizaciones sindicales cuestionaron el enfoque económico vigente, señalando que las condiciones actuales afectan el poder adquisitivo de los trabajadores.
El reporte indica que el aumento en las remuneraciones se explica principalmente por desembolsos en áreas como Salud Pública, Educación, Interior y el Poder Judicial.
La investigación se inició a partir de una denuncia que alertó sobre el presunto esquema. Como parte del proceso, se organizó una entrega controlada de dinero que permitió verificar el hecho.