La primera etapa contempla la mudanza de unos 3.700 funcionarios y la habilitación de una infraestructura tecnológica completa para el funcionamiento de las instituciones que serán trasladadas.
También se mencionaron dudas sobre estudios de factibilidad, costos de expropiaciones, demanda proyectada y riesgos financieros que podría asumir el Estado paraguayo dentro del esquema.