La normativa fue impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca ordenar la administración de los recursos públicos, limitar gastos no prioritarios y evitar la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran las demoras en la atención, la escasez de insumos y la necesidad de reforzar la capacidad operativa del sistema de salud del IPS.
El planteamiento de la ANEAES se centra en la necesidad de evaluar el funcionamiento de estas carreras, en el marco de los mecanismos de control de calidad en la educación superior.
El Incoop señaló que esta situación contraviene disposiciones de la Ley 438/94 y del Marco General de Regulación de Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito.
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