Las gestiones contaron con la participación de autoridades de Omán, que actuaron como canal entre ambas partes en reuniones separadas realizadas en su capital.
La propuesta establece como referencia un tope del 10%, aunque su aplicación dependería de la voluntad de las entidades crediticias y no de una obligación legal vigente.
El órgano legislativo europeo resolvió paralizar el trámite de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.