La propuesta opositora plantea la realización de elecciones consideradas competitivas, bajo condiciones que incluyan reglas claras, participación plena y garantías institucionales.
El organismo no realiza la revisión económica conocida como consulta del Artículo IV desde 2004, lo que marca una interrupción prolongada en los mecanismos habituales de seguimiento.
El comportamiento de los precios dependerá de variables como la duración del conflicto y la velocidad con la que las economías puedan retomar sus niveles de producción previos.
Las autoridades señalaron que el tránsito por esta ruta no puede ser condicionado ni utilizado como mecanismo de presión política, en referencia a las restricciones impuestas en el contexto del conflicto.