El soldado habría invertido cerca de USD 33.000 en apuestas y posteriormente obtuvo ganancias superiores a USD 400.000, tras confirmarse los hechos sobre los que había apostado.
El bloqueo de recursos había sido señalado por la defensa como un obstáculo para garantizar el derecho a un juicio justo. Con el nuevo permiso, se elimina una de las principales trabas del proceso.
El aplazamiento del acuerdo motivó una respuesta de autoridades estadounidenses, en un contexto donde el contrato formaba parte de la cooperación en materia de defensa entre ambos países.