El Ministerio de Economía y Finanzas informó que fueron transferidos G. 2.911.474.000 para pagar indemnizaciones a 59 beneficiarios incluidos en el quinto grupo del Calendario 2026 de Víctimas de la Dictadura. El desembolso fue procesado mediante una Solicitud de Transferencia de Recursos, dentro de lo establecido en la Resolución MEF N.º 194/2026.
Los fondos corresponden a reparaciones destinadas a personas reconocidas como víctimas de la dictadura y forman parte de los pagos previstos para el presente ejercicio fiscal.
Otros 18 beneficiarios todavía no pueden cobrar
Además del grupo que recibió la transferencia, 18 beneficiarios continúan con el cobro pendiente. El Ministerio señaló que algunos tienen sus documentos de identidad vencidos, mientras que otros todavía deben completar la legalización de documentos expedidos en el extranjero.
La acreditación será procesada cuando las personas afectadas presenten copias legibles y autenticadas de sus documentos vigentes. En los casos de identificaciones extranjeras, deberán entregar la documentación debidamente apostillada.
Los papeles deben presentarse en la oficina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado, ubicada sobre Estrella N.º 345 casi Chile, en el quinto piso del edificio Citicentro.
El cobro se realiza por medio del Banco Nacional de Fomento
Las indemnizaciones se canalizan a través de la red del Banco Nacional de Fomento. Quienes no tengan una tarjeta de débito activa de la entidad deben acudir personalmente a la sucursal de Lambaré con su cédula de identidad vigente.
Las personas que ya cuentan con una tarjeta activa y una cuenta habilitada por el Ministerio para recibir otros beneficios obtendrán la acreditación automática, sin necesidad de presentarse en una sucursal bancaria.
Las transferencias del año suman G. 16.648 millones
Con este desembolso, el Ministerio acumula G. 16.648 millones transferidos durante el ejercicio fiscal 2026 en concepto de indemnizaciones. Los pagos abarcan a víctimas directas de la dictadura, hijos y herederos reconocidos dentro del régimen correspondiente.
Los recursos utilizados provienen de créditos autorizados por la Ley N.º 7609/2025, mientras que el procedimiento se encuentra contemplado en las normas del Presupuesto General de la Nación 2026.
