La ANDE registra que la criptominería ilegal se convirtió en uno de los principales problemas para la estabilidad del servicio eléctrico en Alto Paraná, pese a las inversiones realizadas en expansión y modernización del sistema.
El abogado Freddy González, asesor jurídico de la ANDE, señaló que tras las intervenciones a grandes granjas de criptoactivos, varias conexiones irregulares pasaron a operar en baja tensión, con impacto en barrios y redes urbanas.
Fraudes se trasladaron a zonas residenciales y comerciales
González explicó que las intervenciones contra grandes consumos irregulares en media tensión marcaron un cambio en los controles de la institución.
Luego comenzaron a detectarse reportes de cortes recurrentes y problemas en sectores sin carga industrial importante, lo que llevó a verificar transformadores de baja tensión y redes donde persistían denuncias por servicio afectado.
ANDE detectó mecanismos de conexión irregular
Un informe técnico y operativo de la Región Este confirmó la detección de pequeñas estructuras de criptominería instaladas de forma encubierta dentro de consumos residenciales y comerciales.
En aproximadamente 90% de los casos analizados se identificaron mecanismos de fraude, como derivaciones previas al medidor, detectadas mediante verificaciones de acometidas de baja tensión.
Inversiones buscan reforzar el sistema eléctrico
La ANDE mantiene obras de fortalecimiento del sistema eléctrico en Alto Paraná. La Estación Alto Paraná alcanzó 160 MVA de capacidad, con beneficio para más de 300.000 usuarios del centro de Ciudad del Este.
La Estación Presidente Franco fue repotenciada hasta 152 MVA, mientras que la Estación K15 incorporó un transformador de 41,6 MVA, elevando su disponibilidad a 102 MVA.
Pérdidas recuperadas superan miles de millones
Los registros de la Regional Este muestran que entre 2024 y 2026 se realizaron intervenciones por criptominería y otras conexiones ilegales.
En 2024 se estimaron pérdidas por G. 3.326 millones; en 2025, por G. 5.069 millones; y en 2026, por G. 2.626 millones, entre minería ilegal y otras conexiones irregulares.
