Un informe de la Contraloría General de la República sobre el ejercicio fiscal 2024 del Instituto de Previsión Social expone desembolsos que no se ajustaron a los límites establecidos, mientras desde la administración de la previsional se sostuvo la legalidad de los pagos y no se definió un mecanismo concreto para recuperar los montos observados.
Pagos observados en el IPS
El reporte detalla egresos por G. 40.467.591.663 vinculados a conceptos que excedieron lo permitido por la normativa vigente.
Entre ellos, se identifican G. 3.471.200.000 en bonificaciones por grado académico por encima del tope legal, así como G. 1.466.906.668 por responsabilidades administrativas y G. 823.119.999 por gestión presupuestaria.
Además, se mencionan G. 34.706.364.996 en remuneraciones a profesionales de la salud sin habilitación vigente al momento del pago.
Postura de la administración
Desde la conducción de la previsional se argumentó que parte de los pagos se sustentan en disposiciones del contrato colectivo vigente.
También se indicó que el eventual proceso de recuperación de los montos será analizado, sin confirmarse una acción específica para la devolución de los recursos.
Debate sobre el marco normativo
El informe señala que los desembolsos superaron límites establecidos en disposiciones legales, incluyendo topes definidos en el presupuesto general.
En ese contexto, se planteó la necesidad de revisar la aplicación de normativas y su compatibilidad con acuerdos laborales vigentes.
Situación financiera y operativa
Los montos observados se enmarcan en un escenario donde la institución registra distintas necesidades operativas, incluyendo provisión de medicamentos y servicios.
