Documentos a los que accedió Última Hora indican que la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social autorizó desembolsos a proveedores utilizando el objeto de gasto 915 correspondiente a gastos judiciales, por un monto que asciende a G. 87.595.252.265.
El análisis publicado señala que los pagos se habrían realizado sin contar con sentencia firme de homologación judicial, requisito establecido en el Dictamen N° 18/2023 del Ministerio de Economía y Finanzas.
Exigencia de homologación judicial
De acuerdo con el clasificador presupuestario del Estado, el rubro 915 está destinado a obligaciones derivadas de procesos judiciales.
El dictamen emitido por el Ministerio de Economía establece que para cancelar acuerdos extrajudiciales bajo ese concepto se requiere una sentencia firme y ejecutoriada que homologue el acuerdo antes de proceder al pago.
Sin embargo, según la documentación citada, internamente se habría considerado que la intervención de un juez no era obligatoria para autorizar los desembolsos.
Reclamos y debate político
El caso derivó en un pedido de interpelación al titular del IPS que será presentado en la Cámara de Diputados.
Sectores de la oposición comenzaron a reunir firmas para impulsar la convocatoria, mientras que desde la administración de la previsional se atribuyeron las críticas a cuestionamientos de carácter político.
Impacto en las cuentas de la previsional
Las estimaciones mencionadas en el reporte indican que los pagos cuestionados superan los G. 87.500 millones.
Además, se advierte que entre un cuarto y un tercio de la deuda reclamada por proveedores podría estar vinculada a mecanismos similares, lo que representaría más de 100 millones de usd.
