Según información difundida por agencias internacionales, el Congreso de Costa Rica estudia la posibilidad de quitar la inmunidad al jefe de Estado tras un pedido de desafuero aprobado por la Corte Suprema el pasado 1 de julio.
La decisión final quedará en manos del pleno de la Asamblea Legislativa unicameral, de mayoría opositora.
Acusación de la fiscalía
La Fiscalía sostiene que el mandatario habría incurrido en concusión, delito relacionado con el abuso de poder para favorecer a terceros, el cual contempla penas de hasta ocho años de prisión.
De acuerdo con el expediente, el caso está vinculado con la contratación de una empresa de servicios de comunicación financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La denuncia indica que se habrían destinado 32.000 dólares a un allegado del Ejecutivo mediante un procedimiento considerado irregular.
Argumentos presentados en el Congreso
Durante su comparecencia ante una comisión parlamentaria, el jefe del Ejecutivo rechazó las acusaciones y cuestionó el proceso judicial en curso.
El funcionario aseguró que enfrenta lo que calificó como un intento de despojarlo de su cargo mediante vías institucionales.
Próximos pasos en el proceso
El mandato presidencial se extiende hasta el próximo año. La decisión sobre el retiro de la inmunidad corresponde ahora a la Asamblea Legislativa, que deberá debatir y resolver el pedido de desafuero tras la recomendación de la comisión.
