Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo sigue realizando modificaciones en el presupuesto de diversas instituciones públicas, tanto de la administración central como de las entidades descentralizadas.
En dos días de octubre se emitieron 22 decretos que autorizaron nuevas reasignaciones de fondos.
El presupuesto aprobado por el Congreso al inicio del ejercicio ascendía a G. 133,2 billones (USD 17.599 millones), pero con las ampliaciones introducidas durante el primer semestre alcanzó G. 136,3 billones (USD 18.009 millones).
Nuevas reasignaciones en octubre
Durante octubre, el Ejecutivo dispuso una serie de ajustes presupuestarios a favor de 17 instituciones, algunas de ellas con más de un decreto.
Las resoluciones habilitan el uso de fondos para salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios, consumo e insumos, mantenimiento, inversión física y contratación de consultorías, entre otros conceptos.
Entre las entidades beneficiadas figuran el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, Banco Nacional de Fomento, Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Salud Pública, Ministerio Público, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas, además de otras dependencias y secretarías.
Instituciones con mayores incrementos
Los montos más altos fueron asignados al Ministerio de Economía y Finanzas, con G. 115.332 millones para cubrir jubilaciones y pensiones de las fuerzas policiales.
Le sigue el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que recibió G. 68.500 millones mediante dos decretos para obras públicas, pago de energía y servicios.
El Ministerio de Salud Pública fue beneficiado con G. 46.576 millones, distribuidos en cuatro decretos, para mantenimiento de edificios, ampliaciones y modernización del Hospital General Pediátrico, además de inversiones físicas y servicios personales.
El Ministerio de Justicia obtuvo G. 17.513 millones para reponer equipos de transporte y cubrir pagos de bienes de consumo e insumos en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria N.º 7420/2024.
