Según información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los subsidios a la energía en Paraguay representan alrededor de 0,5 % del PIB, una de las cifras más bajas de la región.
Este dato forma parte del análisis que el organismo realizó sobre el impacto fiscal y climático de las transferencias destinadas a combustibles y electricidad en América Latina.
El BID distingue entre subsidios explícitos e implícitos. Ambos tipos tienen efectos sobre las cuentas públicas y sobre el uso de combustibles fósiles, aunque su magnitud varía ampliamente entre países.
Comparación regional y posición del país
El informe señala que mientras Paraguay registra un nivel reducido, otros países muestran porcentajes considerablemente más altos.
Entre los valores citados destacan 13,8 % del PIB en Venezuela, 4,8 % en Bolivia y 4 % en Ecuador. Argentina también presenta un porcentaje superior, con 2,5 % del PIB destinado a subsidios energéticos.
A nivel regional, el promedio asciende a 6,2 % del PIB, sumando tanto los subsidios explícitos como los costos ambientales y sociales no contabilizados.
Este contraste ubica a Paraguay en un grupo con menor presión fiscal por transferencias al sector energético.
Distribución de los subsidios en la región
El documento del BID indica que los derivados del petróleo concentran el 52 % de los subsidios en América Latina, seguidos por la electricidad con 28 % y el gas natural con 19 %. En la mayoría de los casos, estas transferencias se orientan a consumidores con el objetivo de reducir los costos de la energía doméstica.
El informe también detalla que algunos países mantienen subsidios más amplios que incluyen diésel, gasolina, gas licuado y energía residencial, lo que genera diferencias significativas en el gasto público.
Consideraciones fiscales y climáticas
El BID advierte que los subsidios energéticos afectan tanto las cuentas fiscales como el nivel de emisiones debido al mayor consumo de combustibles de origen fósil.
Por esa razón, el organismo menciona la importancia de mecanismos como las tasas efectivas sobre el carbono, que promedian US$ 71 por tonelada en el transporte terrestre y US$ 28 por tonelada en sectores como la agricultura.
