El Poder Ejecutivo oficializó la reglamentación de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de actualizar un marco normativo que no era modificado desde hace 25 años, según informó la Presidencia de la República.
La medida busca modernizar las condiciones para la inversión privada en infraestructura y servicios públicos, alineando el nuevo esquema con los incentivos previstos en la Ley de Alianza Público-Privada (APP).
Ajustes en las normas de concesión
El decreto introduce mecanismos de iniciativa privada, permitiendo que las empresas puedan presentar propuestas de proyectos bajo un esquema de cooperación con el Estado.
De esta forma, se pretende ordenar los incentivos y establecer una estructura regulatoria actualizada para proyectos de infraestructura, energía, transporte y otros servicios públicos.
Vinculación con la inversión privada
La actualización del marco normativo se da en un contexto en el que el Gobierno busca incrementar el nivel de inversión extranjera directa (IED) y fortalecer la participación del sector privado en el desarrollo de obras estratégicas.
Según datos oficiales, la inversión extranjera directa creció 15% en 2024, alcanzando un saldo de USD 10.395 millones. El Ejecutivo proyecta llegar a USD 12.000 millones en inversiones antes del cierre del actual periodo de gobierno.
Promoción de proyectos de infraestructura
Las nuevas disposiciones se enmarcan en una estrategia que prioriza el financiamiento compartido de obras públicas y la colaboración entre el sector público y privado.
