La propuesta de ley que busca establecer un marco normativo para el funcionamiento del sistema de pagos electrónicos en Paraguay será tratada nuevamente este jueves en la Cámara de Senadores, según datos difundidos por fuentes legislativas y recogidos por medios como Última Hora.
La iniciativa fue presentada el pasado 25 de abril y se encuentra en el punto 8 del orden del día. Se estima que podría contar con los votos necesarios para su aprobación.
La propuesta plantea mantener el uso gratuito del Sipap
Uno de los principales objetivos del proyecto es garantizar que el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) continúe sin costo para los usuarios minoristas.
Se prevé que la administración de esta infraestructura esté a cargo del Banco Central, que asumiría el rol de coordinador del esquema de pagos en sus distintas modalidades.
También se contempla que el Sipap sea considerado como un servicio público financiado por la ciudadanía, con el fin de conservar su carácter gratuito.
Actualización normativa y nuevos actores en el sistema
El documento plantea la necesidad de actualizar la legislación vigente para integrar nuevos servicios, tecnologías y participantes en el ecosistema de pagos, a partir del crecimiento sostenido de las transferencias electrónicas.
Se propone además establecer interoperabilidad entre entidades y canales, permitiendo que los medios de pago puedan ser aceptados en distintos puntos de venta o instituciones sin distinción, incluyendo el uso de QR universales.
Cifras oficiales del Sipap muestran fuerte expansión
Según datos oficiales, durante el año 2024 se procesaron operaciones equivalentes a USD 127.000 millones, lo que representa un volumen cercano al 290% del PIB.
En términos de transacciones mensuales, actualmente se procesan 19,4 millones de operaciones por montos menores a G. 5 millones.
Esta cifra supera tanto a las extracciones de efectivo (3,6 millones) como a las transacciones con tarjetas de débito (11,6 millones).
Objetivos incluyen eficiencia y seguridad jurídica
El proyecto también apunta a establecer normas claras que aseguren la eficiencia del sistema, la protección de datos y la seguridad jurídica en casos de fallas o interrupciones del servicio.
