El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452, normativa que introduce modificaciones en el marco legal de la inversión en infraestructura.
Según la información oficial, la ley busca alinear los proyectos a estándares internacionales y aplicar criterios establecidos en modelos de alianzas público-privadas.
Principales aspectos de la nueva normativa
El marco legal establece nuevas disposiciones para la gestión y regulación de contratos de participación público-privada, incluyendo distribución de riesgos y beneficios entre el Estado y los inversionistas privados.
También se fijó un límite de 40 años como duración máxima de los contratos.
Además, la ley exige el cumplimiento de estándares ambientales en los proyectos de infraestructura y la incorporación de medidas para evaluar riesgos relacionados con el cambio climático.
Criterios y principios de aplicación
La normativa establece una serie de principios que regirán los contratos de inversión en infraestructura, entre los cuales se incluyen:
- Supervisión estatal: El Estado tendrá la facultad de planificar, controlar y fiscalizar la ejecución de contratos.
- Transparencia: Se garantizará el acceso público a la información sobre los contratos para facilitar la rendición de cuentas.
- Rentabilidad social: Los proyectos deberán responder al interés público y contribuir al bienestar general.
- Eficiencia económica: Se implementarán mecanismos para asegurar una gestión eficiente de la infraestructura y los servicios.
- Competencia e igualdad: La selección de inversionistas privados se realizará mediante procedimientos transparentes y competitivos.
Objetivos de la normativa
De acuerdo con la información oficial, la Ley 7452 busca optimizar el uso de los recursos estatales y mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura mediante una mayor participación del sector privado.
Con esta actualización del marco legal, se pretende establecer reglas más claras para la evaluación de propuestas, asignación de riesgos y ejecución de contratos.
