La agencia calificadora Fitch confirmó la calificación crediticia de BBB para Perú, manteniéndolo en el nivel de grado de inversión.
Además, Fitch mejoró la perspectiva de Perú de negativa a estable, igualando la posición del país en las calificaciones de Moody’s y ubicándolo dos escalones por encima de la categoría de “basura”.
La decisión, divulgada este martes, alivia preocupaciones sobre una posible degradación crediticia y fue informada por Bloomberg.
Estabilidad macrofinanciera y recuperación económica
Según Fitch, la adopción de políticas económicas sólidas en un contexto de volatilidad política ha permitido a Perú mantener la estabilidad macrofinanciera y avanzar en su recuperación económica durante 2024.
La economía peruana experimentó una contracción del 0,6% en 2023, una de las mayores en tres décadas, pero se ha beneficiado este año de un aumento en los precios del cobre, superando las expectativas de recuperación.
Perspectivas de crecimiento económico y déficit fiscal
El Ministerio de Economía de Perú proyecta un crecimiento superior al 3% en 2024.
Sin embargo, el país enfrenta desafíos en su déficit fiscal, que se prevé aumente al 4% del PIB este año, superando el límite establecido por el Congreso del 2,8%.
Este incremento se atribuye a la caída de ingresos fiscales y al aumento de la inversión pública destinada a impulsar el crecimiento.
Impacto de otras calificaciones y antecedentes
La mejora de perspectiva por parte de Fitch ocurre luego de que Moody’s también ajustara su perspectiva de negativa a estable en septiembre, indicando un contexto más favorable para las reformas políticas.
Por otro lado, en abril de este año, S&P Global Ratings redujo la calificación de Perú a su nivel más bajo de grado de inversión, argumentando que la agitación política limitaba la capacidad de recuperación de sus reservas fiscales.
Contexto político y desafíos para la estabilidad
Perú enfrenta una situación política compleja con siete presidentes en los últimos ocho años, lo que ha generado inestabilidad.
La actual mandataria, Dina Boluarte, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, mientras continúa lidiando con una baja popularidad.
